El Dr. Pablo Barbirotto, juez penal de niños y adolescentes de Entre Ríos, advirtió sobre la imposibilidad material de aplicar la nueva ley nacional que entra en vigencia este sábado 5 de septiembre. La escasez de recursos presupuestarios, la falta de centros especializados y el riesgo de nuevos reclamos internacionales, en el centro del debate.
La entrada en vigencia del nuevo régimen que reduce la edad de punibilidad penal a los 14 años en la Argentina encendió las alarmas en el ámbito judicial. En declaraciones al programa radiofónico Amanece Litoral, el Dr. Pablo Barbirotto, Juez Penal de Niños y Adolescentes, ofreció una mirada crítica sobre la operatividad de la norma y las dificultades estructurales para su implementación efectiva.
Un cambio normativo sin presupuesto ni centros especializados
El magistrado aclaró que el cumplimiento de la ley exige condiciones de alojamiento y tratamiento estrictamente diferenciadas de las de la población penal adulta. Según la legislación, los adolescentes deben permanecer en dispositivos de contención que garanticen acompañamiento pedagógico, psicológico y espacios de formación técnica.
»No se trata simplemente de encerrar; la ley exige centros específicos, con personal capacitado en psicología evolutiva y neurociencias, sin uso de armas de fuego y con protocolos de fuerza diferenciados. Hoy la mayoría de las provincias no cuentan con esa infraestructura ni con los supervisores especializados que exige la norma», explicó Barbirotto.
Además, señaló la inadecuación de las respuestas improvisadas, como la adaptación de pabellones en cárceles comunes, advirtiendo que ello contraviene tanto la legislación nacional como los estándares internacionales.
Medidas alternativas y el panorama en Entre Ríos
En el caso de Entre Ríos, el juez destacó que la provincia cuenta desde 2016 con un marco normativo que contempla procesos de integración de sentencia y pautas de conducta antes de determinar la aplicación de una pena privativa de la libertad. No obstante, advirtió que la falta de dispositivos de control —como tobilleras electrónicas suficientes para la prisión domiciliaria— pone en riesgo el cumplimiento efectivo de las medidas que se dicten.
Barbirotto también remarcó que se prevén numerosos planteos procesales y recursos de inconstitucionalidad por parte de las defensas y de distintas jurisdicciones provinciales. Si bien consideró que la fijación de la edad punible en 14 años se enmarca en la política criminal del Estado y en las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, cuestionó que la escala de penas sea equivalente a la de los adultos. «Aplicar las mismas escalas punitivas a un adolescente que a un adulto va en contra de la doctrina criminológica y nos expone a nuevas sanciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos», advirtió.
Estadísticas y urgencias del sector juvenil
Durante la entrevista se repasaron las cifras oficiales presentadas ante el Congreso de la Nación, las cuales indican que los delitos cometidos por menores representan menos del 2% del total de las infracciones penales del país. Asimismo, la distribución territorial del fenómeno evidencia un alto nivel de concentración: más del 99% de los casos registrados se focalizan en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con un impacto inferior al 0,5% en el resto de las provincias.
Finalmente, el magistrado enfatizó la necesidad de priorizar los recursos públicos en áreas sociales preventivas de mayor urgencia para la franja etaria, destacando la preocupación por la salud mental y la prevención del suicidio adolescente, problemáticas que superan cuantitativamente a los índices de criminalidad juvenil en la región.