El senador provincial de Juntos por Entre Ríos fundamentó el alcance de la norma aprobada en la Cámara alta. Remarcó que los consorcios permitirán optimizar los recursos para el mantenimiento de caminos rurales, descartó el reemplazo del personal de Vialidad y advirtió sobre la «fuerte descapitalización» que atraviesa el organismo.
En diálogo con Amanece Litoral (FM LITORAL 103.1) de la capital provincial, el senador por el departamento Federación, Rubén Dal Molín (Juntos por Entre Ríos), celebró la sanción definitiva dictada por la Cámara de Senadores de Entre Ríos a la Ley de Consorcios Camineros. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo y trabajada sobre proyectos de diversos bloques legislativos, busca agilizar la atención de la red vial secundaria y terciaria de la provincia.
El legislador explicó que la norma atiende una «demanda y una interpelación permanente» que reciben los representantes del interior, vinculada no solo a la producción agropecuaria, sino también al ámbito social, garantizando la transitabilidad hacia escuelas rurales y centros de salud.
Un esquema con mayor agilidad y control estricto
Dal Molín remarcó que la ley brinda un marco normativo más ágil para constituir los consorcios y transferir fondos públicos directamente a los vecinos y productores organizados. Asimismo, precisó que se establece un sistema dinámico de certificación de obras en el que la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) conservará la autoridad de aplicación y la fiscalización estricta.
»Vialidad, como autoridad de aplicación, conserva potestades clave e incluso puede intervenir a los consorcios mediante resolución fundada si no se cumplen los requisitos. Se pagan kilómetros de mantenimiento pero bajo un control riguroso», detalló el senador citando el articulado normativo.
La realidad vial y la descapitalización del organismo
Ante las manifestaciones y el paro provincial llevado a cabo por el Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (SOEVER) por temor a una pérdida de fuentes de trabajo calificadas, Dal Molín fue enfático al despejar dudas y descartar que los consorcios vayan a reemplazar la labor estatal o perjudicar al personal.
Para dar dimensión a la escala de la medida, repasó las cifras de la provincia:
Consorcios activos: Existen 10 entidades funcionando en el centro-sur provincial (como Alarcón, Gilbert, Urdinarrain, Santa Anita, Isletas Norte, entre otros).
Kilómetros cubiertos: Administran 1.328 kilómetros sobre una red de caminos provinciales de 28.000 kilómetros.
Proporción de atención: Los consorcios abordan apenas el 4,7% de la trama total de caminos.
»Pensar que con los consorcios se busca desaparecer a Vialidad es casi una utopía. El organismo cuenta con más de 1.600 empleados diseminados en la provincia, pero arrastra una fuerte descapitalización de maquinarias e insumos desde hace años», subrayó. Al respecto, graficó la crítica situación operativa señalando que zonas como la de Chajarí o la de Federación carecen del parque automotor básico para responder a la demanda regional, teniendo en ocasiones «solo seis camiones para transportar broza o ripio en amplias jurisdicciones».
Previsibilidad presupuestaria
Finalmente, el legislador provincial resaltó la importancia de haber aprobado el texto legislativo en esta instancia del año para incluir las partidas correspondientes dentro del diseño del Presupuesto 2027. Sostuvo que, al descentralizar recursos en cooperadoras o comisiones vecinales que trabajan ad honorem por sus comunidades, el Estado logra que cada peso invertido se traduzca de forma más rápida y eficiente en mejoras concretas para los caminos del interior entrerriano.