Ariel Molina, presidente de la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de Entre Ríos, mantuvo una reunión con el gobernador en la que expuso la crítica situación presupuestaria del sector, la demora en los subsidios nacionales y la necesidad de una mayor presencia estatal.
En una entrevista concedida a Amanece Litoral, el titular de la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de Entre Ríos, Ariel Molina, analizó los desafíos operativos y financieros que atraviesan los cuarteles de la provincia tras su reciente encuentro con el gobernador provincial.
Molina definió la reunión como un paso positivo para dialogar sobre los reclamos históricos del sector y buscar soluciones concretas a las falencias del sistema. Uno de los puntos centrales del debate fue la plena aplicación de la Ley Provincial N.º 11.116, normativa que busca regularizar las responsabilidades estatales hacia los cuerpos de bomberos.
Entre los beneficios clave contemplados por la ley, el dirigente destacó la financiación de la mutual del bombero voluntario —que actualmente brinda cobertura de salud a 370 bomberos que se encontraban fuera del sistema social— y el otorgamiento de un reconocimiento económico (equivalente a una jubilación mínima) para aquellos que cumplen 25 años de servicio y 55 años de edad.
Crítica situación financiera y «sirenazo» de protesta
Pese a los avances normativos, la operatividad cotidiana atraviesa un momento crítico debido al retraso de los fondos. Molina confirmó la realización de un «sirenazo» institucional debido a que cerca del 40 % de los cuarteles entrerrianos aún no ha percibido el subsidio nacional estipulado por la Ley N.º 25.054.
Asimismo, calificó de «muy escaso» el aporte de la provincia de Entre Ríos en comparación con jurisdicciones vecinas. Según detalló, el presupuesto anual asignado por la provincia ronda los 9 a 10 millones de pesos por cuartel, una cifra insuficiente para afrontar los altísimos costos operativos del servicio. Ante este escenario, la Federación propuso crear un esquema de financiamiento propio, autónomo y provincial, sumado a un mayor compromiso económico por parte de las administraciones municipales.
Equipamiento en dólares y desgaste psicológico
Molina explicó la complejidad y los elevados costos de mantener los cuarteles en condiciones operativas:
Costos de equipamiento: Vestir adecuadamente a un solo bombero con el equipo de protección estructural completo (casco, botas, indumentaria ignífuga, máscara y equipo autónomo) cuesta alrededor de 7 millones de pesos. Todo el equipamiento se cotiza en dólares y debe renovarse cada 5 años por normas de seguridad.
Unidades operativas: La mayoría de los autobombas adquiridos son vehículos usados reacondicionados e importados desde Europa o Estados Unidos, dado el alto costo de las unidades nuevas a nivel nacional.
Salud física y contención emocional: Además de los riesgos físicos derivados de la inhalación de humo y la exposición a enfermedades respiratorias como el EPOC o el cáncer, el dirigente remarcó el impacto emocional que sufren los voluntarios al atender accidentes graves en comunidades pequeñas, instando a fortalecer los programas de contención psicológica en articulación con las áreas sociales de los municipios.