La institución presentó observaciones a la iniciativa oficial que se analiza en la Legislatura provincial y advirtió que una modificación que solo resuelva los números a costa de los derechos ciudadanos «no es una reforma, es un traslado de la carga fiscal hacia los sectores más vulnerables». Las personas mayores y las mujeres trabajadoras son los sectores más afectados, se apuntó.
La Defensoría del Pueblo de Paraná, junto a la Defensoría de los Derechos de las Personas Mayores que funciona en su ámbito, se expidió sobre la reforma previsional que promueve el gobierno provincial mediante una presentación que elevó el miércoles 17 de junio a las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores.
El documento, rubricado por el Defensor del Pueblo, Lisandro Amavet, y la Defensora de los Derechos de las Personas Mayores, Marcia López, contempla aportes de análisis jurídico-constitucional, observaciones y fija la posición institucional respecto al proyecto de ley Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional de Entre Ríos, que se encuentra actualmente en análisis legislativo.
Tras aclarar que no se «desconoce la situación deficitaria de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos ni la necesidad de adoptar medidas tendientes a su sostenibilidad», los Defensores remarcan que el propósito es señalar que las disposiciones propuestas, en su formulación actual, «no superan el estándar de convencionalidad exigible por los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional vigentes en la República Argentina, y que existen aspectos del proyecto que requieren ser revisados o complementados para garantizar la compatibilidad con ese bloque normativo».
La intervención de la institución se funda en «su mandato constitucional y legal de defender los derechos humanos, con especial atención a los grupos en situación de mayor vulnerabilidad». Entre ellos, las personas mayores y las mujeres trabajadoras son quienes resultan más afectadas por las modificaciones propuestas. En este último punto se advierte que la reforma tendrá un «impacto de género», por el efecto de la «discriminación indirecta». Al respecto, se menciona que la mayoría de los aportes (66%) a la Caja corresponde a mujeres.
Se trata de personas de la provincia que, de aprobarse el proyecto tal cual está, deberán afrontar consecuencias desfavorables. Para reflejar en números, en la capital entrerriana hay aproximadamente 17.000 beneficiarios y 30.000 aportantes activos –futuros pasivos- más sus grupos familiares, que serán afectados en sus derechos. «No son estadísticas; son vecinas y vecinos de Paraná», consigna el documento.
Y remarca: «La sostenibilidad financiera y la dignidad de los trabajadores no son objetivos opuestos. Son, o deben ser, las dos caras de una misma política pública responsable. Una reforma que solo resuelve los números a costa de los derechos no es una reforma, es un traslado de la carga fiscal hacia los sectores más vulnerables».
En el documento se contempla la mención del marco normativo y de jurisprudencia que actúa como parámetro de constitucionalidad y convencionalidad y se propone la revisión de una serie de puntos del proyecto actual, como la edad jubilatoria, la determinación del haber inicial, la declaración de la emergencia previsional y los aportes solidarios a jubilados en actividad, entre otros.
Los Defensores quedaron a disposición para exponer la posición institucional y ampliar conceptos vertidos en el ámbito legislativo. Asimismo, se manifestaron confiados en que «las Comisiones, en el ejercicio de su función de control constitucional, incorporarán las observaciones formuladas de manera de producir una reforma que sea a la vez financieramente sostenible y convencionalmente compatible con los compromisos asumidos por el Estado Argentino en materia de derechos humanos».