Vecinos y productores afectados por el uso de agrotóxicos en cercanías de zonas habitadas criticaron con dureza el fallo judicial. Advierten por daños genéticos confirmados en niños, contaminación ambiental e incumplimiento de normativas básicas.
En el marco del programa Palabras Cruzadas, se abordó una de las problemáticas más sensibles y de larga data en la provincia de Entre Ríos: el impacto de la fumigación desmedida cerca de zonas pobladas y el reclamo de las comunidades rurales y suburbanas por el respeto a las distancias mínimas de protección.
La mesa de debate contó con la presencia de Ximena Rosso, amparista por el loteo Tierra Alta (ubicado cerca de Colonia Ensayo), y Ariel Garayes, amparista y productor apícola de Aldea Salto. Ambos expresaron su indignación ante el reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, el cual rechazó las presentaciones judiciales que buscaban mantener una distancia prudente y protectora para las aplicaciones de agroquímicos respecto de las viviendas.
Un fallo que atenta contra la salud y la dignidad
Para los amparistas, la resolución del máximo tribunal provincial representa un grave retroceso institucional que deja desprotegidas a cientos de familias.
«Es un agravio y una falta a nuestra dignidad humana. Nos exigen volver a depender de avisos policiales o de los propios vecinos para encertarnos en nuestras casas sin garantías reales para la salud», remarcó Ximena Rosso.
Rosso explicó que en las inmediaciones de Tierra Alta existen más de 13 familias o productores que fumigan de forma continua dentro del perímetro de exclusión. La normativa actual otorga una ventana de 48 horas tras la presentación de la receta agronómica, dejando a los residentes en una constante incertidumbre sin considerar las variaciones climáticas como la dirección y fuerza del viento.
Por su parte, la situación no afecta únicamente a nuevos desarrollos urbanos: en poblados tradicionales como Aldea Brasilera (con 2.500 habitantes) y Colonia Ensayo (con 1.600 personas), coexisten familias de varias generaciones expuestas al uso intensivo de fitosanitarios.
Daño genético comprobado en una menor y uso incontrolado de tecnología
Uno de los testimonios más desgarradores fue el de Ariel Garayes, quien viene reclamando un freno a estas prácticas desde el año 2012. Garayes relató cómo las constantes fumigaciones afectaron directamente la salud de su hija menor.
Tras diversos estudios clínicos realizados en Córdoba y posteriormente reconfirmados en el Hospital de Niños de Paraná, los profesionales médicos certificaron que la niña padece daño genético no hereditario, provocado de manera directa por la exposición a agrotóxicos. Este tipo de afectaciones genera un alto riesgo de desarrollar patologías severas, como cáncer o leucemia, a largo plazo.
A pesar de las evidencias médicas presentadas en la causa, el STJ desestimó el informe científico y avaló fumigaciones a escasa distancia de la vivienda familiar. Garayes denunció además irregularidades graves y recurrentes:
Aplicaciones realizadas mediante la utilización simultánea de drones a gran altura y maquinaria terrestre («mosquitos»).
Pulverizaciones nocturnas e inclusive fumigaciones sobre la vía pública y caminos rurales sin la presentación de recetas agronómicas ni la supervisión de autoridades.
Impacto económico directo sobre la producción apícola local debido a la pérdida masiva de colmenas y la destrucción de la materia prima.
Contaminación de arroyos y falta de estudios ambientales
Durante el encuentro se alertó también sobre el impacto ambiental sistémico que generan estos productos químicos, como el glifosato, los cuales no son biodegradables. Un estudio elaborado por el investigador Rafael Lajmanovich (CONICET) en el arroyo El Salto reveló la presencia de 26 agrotóxicos distintos contaminando las aguas del curso fluvial debido al lavado de maquinaria y a la escorrentía provocada por las lluvias tras la siembra directa.
Asimismo, se cuestionó la actuación del Estado provincial y los municipios por habilitar desarrollos inmobiliarios y loteos en zonas agrícolas sin exigir estudios de impacto ambiental previos ni realizar un seguimiento epidemiológico continuo sobre la salud de las poblaciones rurales.
El camino hacia la Corte Suprema de la Nación
la falta de amparo a nivel provincial, los afectados confirmaron que recurrirán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se respaldan en antecedentes jurisprudenciales como el caso de la localidad de Sastre (Santa Fe), donde el máximo tribunal nacional ratificó la vigencia de distancias de protección de al menos 1.000 metros.
Los amparistas concluyeron remarcando la necesidad de impulsar alternativas sostenibles, como la agroecología, que permitan la convivencia de la producción agrícola con la preservación de la vida humana y el medio ambiente.