En una entrevista con el programa radial Amanece Litoral, el senador provincial Jaime Benedetti (Juntos por Entre Ríos – Gualeguaychú) brindó detalles sobre el avance de la normativa que busca regular los deberes de los funcionarios, las incompatibilidades y las declaraciones juradas en todos los poderes del Estado provincial.
Las comisiones legislativas alcanzaron dictamen de mayoría para el proyecto de Ley de Transparencia y Ética Pública de Entre Ríos, un texto de 39 artículos estructurado en cuatro capítulos que ingresará formalmente para su sanción en las próximas sesiones.
En diálogo periodístico, el senador Jaime Benedetti destacó el nivel de consenso alcanzado para reglamentar los principios establecidos en los artículos 37 y 40 de la Constitución Provincial. Según explicó el legislador, la iniciativa busca establecer pautas de conducta, prevenir la corrupción y fortalecer los mecanismos de control estatal en un marco de idoneidad y probidad.
Alcance amplio y control en todos los niveles
La futura normativa abarcará de manera integral a los tres poderes del Estado provincial: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, extendiendo su aplicación a municipios, comunas, juntas de gobierno y entes autárquicos o mixtos.
Comprende tanto a funcionarios y empleados públicos como a personas que desempeñen cargos de carácter honorario (ad honorem). Además, establece regulaciones sobre las incompatibilidades en la función pública para evitar la acumulación no permitida de cargos y prevenir posibles conflictos de intereses mediante el registro de vínculos de parentesco, convivientes y participaciones en sociedades comerciales.
Rigurosidad en las Declaraciones Juradas
Uno de los aspectos centrales de la norma radica en la profundización de los requisitos para las presentaciones patrimoniales:
Periodicidad y plazos: A diferencia del esquema anterior —donde el trámite se realizaba al inicio y al final de la gestión—, los funcionarios deberán presentar una declaración jurada inicial dentro de los primeros 30 días, actualizarla anualmente cada 30 de julio y presentar un informe final al concluir sus funciones.
Detalle patrimonial: Las presentaciones requerirán un desglose minucioso de activos, incluyendo inmuebles, vehículos, deudas e inversiones financieras como criptomonedas. Los criterios homogéneos de valuación de bienes quedarán definidos en la reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo.
Publicidad y confidencialidad: Se dispondrá la publicación de resúmenes informativos en sitios web oficiales para garantizar el acceso público. Se resguardará únicamente aquella información sensible o privada —como números de cuentas bancarias— por motivos de seguridad personal.
Sanciones por incumplimiento: El texto establece un régimen de multas graduales que oscilan entre el 5% y el 100% ante la falta o demora en las entregas, acompañado por la publicación de un registro oficial de cumplidores e incumplidores.