El letrado explicó los alcances procesales inmediatos del fallo, el origen de la denuncia inicial radicada en 2015 junto al abogado Guillermo Mulet, y dejó una contundente advertencia sobre la necesidad de mantener un control ético sin distinción de banderas políticas sobre las administraciones de gobierno presentes y futuras.

Ejecución de la pena y agotamiento de instancias

Pagliotto detalló que el rechazo de los recursos convierte a la condena en un acto ejecutivo de cumplimiento ineludible, independientemente de eventuales presentaciones ante organismos internacionales:

• Inminente detención o traslado: Señaló que el tribunal de la condena deberá expedir en breve los oficios correspondientes a las fuerzas de seguridad para que los imputados sean puestos a disposición del juez de ejecución de la pena. «Calculo que el inicio de la ejecución no pasará del próximo lunes», estimó.

• Inaplicabilidad de suspensiones: Aclaró que acudir a tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no interrumpe el cumplimiento efectivo de la condena en el país.

• Sobre la situación de Pedro Báez: Mencionó que, si bien el exministro se encontraba bajo prisión domiciliaria por razones de salud, dicho régimen computa de manera idéntica al cumplimiento efectivo en un establecimiento carcelario.

El origen de la denuncia y la independencia judicial

Al rememorar el inicio del expediente, Pagliotto subrayó que la causa se abrió a partir del accionar de particulares ante la inacción del Ministerio Público Fiscal de aquel momento:

• Iniciativa ciudadana: Recordó que en 2015 la fiscalía no iniciaba investigaciones de oficio ante noticias criminales por delitos contra la administración pública, lo que obligó a articular la presentación penal con pruebas fundamentadas.

• Independencia institucional: Calificó el trabajo del tribunal de juicio como una muestra de objetividad, destacando que el funcionamiento del Poder Judicial en este tipo de causas fija un precedente de institucionalidad republicana para Entre Ríos.

Control a la gestión pública sin distinción partidaria

En el tramo final de la entrevista, el abogado enfatizó que el combate a la corrupción debe ser imparcial para mantener la validez de los reclamos éticos:

• Denuncias a la gestión actual: Indicó que ya ha impulsado acciones judiciales y amparos frente a presuntas irregularidades en la presente gestión provincial de Rogelio Frigerio, mencionando denuncias vinculadas al Yosper (IOSPER), el manejo de horas adicionales de la policía y deficiencias en las partidas para comedores escolares.

• Compromiso ético: «Si uno solo castiga penalmente a quienes no coinciden con su militancia, está usando la justicia como herramienta de eliminación política. El objetivo real debe ser combatir la corrupción provenga de donde proviniere», concluyó.