Reactivan la búsqueda de la familia Gill tras datos claves que aportó un testigo

En enero de 2002 se supo de ellos por última vez. Son dos adultos y cuatro menores de los cuales desde entonces no se tienen novedades. Un testigo marcó dos lugares donde vio a Gill haciendo unos pozos, 20 días antes de desaparecer.

 

El juez de Garantías de Nogoyá, Gustavo Acosta, encabezó este lunes por la tarde un allanamiento en la estancia La Candelaria, en la zona de Crucesitas Séptima, en el departamento Nogoyá, donde trabajaba la familia Gill, que en 2002 desapareció y cuyo destino nunca jamás se supo nada.

 

Allanamientos en la estancia La Candelaria

 

 

Ese año, 2002, fue el último en que se vio con vida José Rubén «Mencho» Gill y a su familia con vida. Fue en el velorio de un amigo, más precisamente el 13 de enero de 2002, en Viale, a treinta kilómetros de La Candelaria, el campo en el que vivían y donde el hombre trabajaba como peón.

Al día de hoy, nadie sabe nada de «Mencho» Gill, de 56 años en ese momento, su esposa Margarita Norma Gallegos, de 26, ni de sus hijos María Ofelia, de 12, Osvaldo José, de 9, Sofía Margarita, de 6, y Carlos Daniel, de 2.

No aparecen en registros oficiales ni migratorios, nunca tuvieron trabajos registrados ni los chicos nunca fueron inscriptos en ninguna escuela. Ninguno de ellos fue detenido ni se presentaron a votar.

La investigación comenzó tarde, tuvo mucho de negligencia e impericia y no ha arrojado ninguna pista que permita desentrañar el misterio. El expediente todavía conserva la carátula de «averiguación de paradero», sin imputados ni responsables.

El jueves 16 de junio de 2016, murió Alfonso Goette, el dueño del campo La Candelaria. Un contratista rural, que trabajó varios años en el campo, decidió aportar un dato. Antes de que desapareciera «Mencho» Gill, Goette le había hecho hacer varios pozos en el campo, uno sobre un curso de un arroyo, que, se presume, podría ser el sitio donde fueron enterrados los cuerpos de los integrantes de la familia.

El allanamiento al campo fue encabezado por el juez Acosta y se sumaron el fiscal Federico Uriburu, personal de Criminalística de la Policía, y la mamá de la esposa de Gill, más un testigo nuevo que apareció en la causa.

«Esta persona le tenía miedo a Goette, y ahora, con Goette muerto, se animó a hablar. Esta persona nos marcó los dos lugares donde él vio a Gill haciendo unos pozos, veinte días antes de desaparecer», explicó una fuente judicial y añadió que «ahora, lo que vamos a hacer es disponer una serie de excavaciones. Nos señaló una estructura de hormigón, fuimos y efectivamente estaba, y también señaló un lugar en el arroyo donde Gill debió hacer un pozo».

Cauto, el juez Acosta prefirió no abundar en detalles respecto del procedimiento que se llevó a cabo este lunes porque, dijo, «es todo muy embrionario».

 

Tardía búsqueda

Los parientes se enteraron de la desaparición de la familia recién después de tres meses. Fue el patrón, Alfonso Goette, quien les avisó. Se presentó el 3 de abril en la casa de Luisa, una hermana de «Mencho», preguntando por ellos.

Les dijo que habían salido de vacaciones y que no regresaron; sugirió que podrían estar en la casa de unos parientes en Santa Fe o que tal vez habían viajado a buscar otro empleo en el norte.

La familia siempre lo apuntó como sospechoso y nunca creyó que se hubieran ido por su cuenta; no conciben que nunca más se comunicaran con ellos.

María Adelia Gallegos, la madre de Margarita, aseguró que «el error es buscarlos vivos, porque ellos ya están muertos y enterrados» y volvió a apuntarle al dueño del campo: «Para mí tienen que buscar donde vivían hace catorce años, que es el campo de Alfonso Goette», le dijo al diario La Acción de Nogoyá.

En la casa, un galpón dentro de la estancia, nada hacía presumir que se hubieran marchado: allí quedaron sus muebles, electrodomésticos, documentos, ropas. Margarita dejó sueldos sin cobrar en la escuela donde trabajaba como cocinera.

Pero el juez de Instrucción de Nogoyá, Jorge Sebastián Gallino, se inclinó por la hipótesis que apuntaba a que la familia se había ido de vacaciones, que tal vez habían conseguido otro trabajo y por eso no habían regresado.

Recién en julio de 2003, es decir, 18 meses después de la desaparición, el juez ordenó la primera inspección en la estancia La Candelaria. Sin resultados. En los años posteriores se hicieron relevamientos, rastrillajes, excavaciones, controles de fronteras, se tomaron testimonios. Tampoco surgieron datos.

 

Fuente: Entre Ríos Ahora