Prepagas deberán aportar a Fondo Solidario de Redistribución como obras sociales

El Gobierno fijó en 15% el aporte. Busca darles libertad de elección a los beneficiarios e impulsar la competencia entre obras sociales y prepagas. Qué implica el nuevo decreto de la Superintendencia de Servicios de Salud.

 

 

El Gobierno ordenó que las prepagas aporten al Fondo Solidario de Redistribución un 15% y, con ese cambio, iguala lo que derivan obras sociales sindicales, de dirección y coberturas privadas. La modificación, que se oficializó en un decreto de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) publicado este miércoles en el Boletín Oficial, también es, en los hechos, una flexibilización en los procesos para inscribirse en una empresa de medicina privada.

El objetivo oficial es poner fin a las intermediaciones y darle aplicabilidad al DNU de Javier Milei, para el sector de la salud, busca darle libertad de elección a los beneficiarios e impulsar la competencia entre obras sociales y prepagas.

A partir de ahora, las tres variantes del sistema que se inscriban en el registro de financiadores- podrán recibir sin intermediación los aportes y contribuciones y, todos los beneficiarios, aportarán al fondo en la misma proporción.

Para el Gobierno, el cambio también permitirá que las prepagas aceleren los procesos de su inscripción al Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS). «De esa manera, podrán recibir sin intermediaciones los aportes y contribuciones. Este es otro paso más para poner fin, de una vez y para siempre, a las famosas intermediaciones”, sostienen fuentes oficiales.

Y amplían: «Es muy importante ya que ahora el beneficiario va a poder saber dónde va su plata y cómo se gasta, algo que hoy no sucede. A partir de esto, los argentinos van a poder elegir que su dinero vaya a su propia atención y no al financiamiento de cajas negras».

La Superintendencia de Servicios de Salud, a cargo de Gabriel Oriolo, viene avanzando con una serie de modificaciones que buscan reordenar el sistema de salud.

El fin del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) es el reintegro de dinero a las obras sociales y prepagas por tratamientos complejos y de alto costo. El decreto presidencial fue el embrión de una polémica que creció a la par de los aumentos -excesivos para el Gobierno- que aplicaron las prepagas a sus afiliados, indica el diario Clarín.

Desde la Superintendencia de Servicios de Salud habían notado que fueron pocas las prepagas inscriptas en el registro habilitado para que sus afiliados pudieran derivar sus aportes directo a ellas, sin triangular con «sellos de goma», firmas o sindicatos que se quedaban con un porcentaje sin ofrecer nada por ello. A esos intermediarios y «cajas negras» apunta el Gobierno.

En tanto, el Fondo Solidario de Redistribución, en teoría pensado para tratamientos y coberturas de drogas de mayor costo para el sistema, en los últimos años fue absorbido en gran medida por gastos en discapacidad que, según datos de la SSS de abril pasado, pasaron de 52 mil millones de pesos a 70 mil millones. En las prepagas persiste una queja de que el fondo «siempre se manejó de forma política y discrecional», un punto de coincidencia con la mirada oficial.