El titular del sindicato químico, Martín Gómez, advirtió sobre la grave crisis que atraviesa el sector industrial en la provincia de Entre Ríos. Apuntó contra la apertura de importaciones, el impacto de la reforma laboral y la inacción política local ante el inminente fin de la conciliación obligatoria.
La situación socioeconómica en Gualeguaychú sumó un nuevo y alarmante capítulo. Tras el intempestivo cierre de la fábrica de baterías UniónBat, un centenar de familias nucleadas en el gremio químico quedaron a la deriva. En diálogo con Palabras Cruzadas, Martín Gómez, referente del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas, describió un panorama desolador que amenaza con transformar al parque industrial más grande de Entre Ríos en «un pueblo fantasma».
Despidos por WhatsApp y la sombra de la importación
El conflicto estalló el pasado 26 de junio, cuando la firma Unión Bat notificó de manera sorpresiva el despido de 100 empleados bajo convenio (a los que se suman 20 puestos fuera de convenio correspondientes a personal jerárquico). La comunicación se realizó mediante escribana pública y mensajes de WhatsApp.
Según explicó Gómez, la empresa aduce que la actividad se volvió completamente inviable debido a la caída de ventas y la imposibilidad de competir con las baterías importadas desde Brasil y China.
«Reconocieron en la audiencia del Ministerio de Trabajo que les resulta inviable tener la fábrica funcionando hoy. Dicen que la idea es volver cuando la política económica nacional cambie, pero el tema es que tenemos un año y medio de espera. ¿Qué hacemos mientras tanto con 100 familias en la calle?», cuestionó el dirigente sindical.
Un efecto dominó en la región
El cierre de Unión Bat no es un hecho aislado, sino la cara más visible de una crisis que se propaga por el sector industrial y metalúrgico entrerriano:
Laboratorio Bian: Ubicado en el mismo parque industrial de Gualeguaychú, despidió a 20 de sus 40 trabajadores. Según denunció Gómez, la firma se ampara en la nueva legislación laboral para justificar una situación de crisis y pretender abonar apenas el 50% de las indemnizaciones en 12 cuotas.
Fademi (Larroque): Una planta de baterías que arrastra un conflicto de dos años. Pese a contar con un fallo judicial favorable de enero de 2025 que ordena la reincorporación de 25 trabajadores despedidos por ejercer el derecho a huelga, la empresa sigue sin acatar la resolución.
Paraná: El gremialista recordó que la capital provincial también sufre las consecuencias de la recesión con el cierre de firmas emblemáticas como la fábrica de aberturas Valentinus y la metalúrgica de la familia Mengui.
Tensión política y grieta en el Concejo Deliberante
El impacto social de los despidos ya generó fisuras en el plano político de Gualeguaychú. Los trabajadores y el sindicato mantuvieron un encuentro con el intendente local, Mauricio Davico (afín al oficialismo nacional), quien inicialmente intentó condicionar la reunión exigiendo la exclusión de la representación gremial.
Por otra parte, la tensión legislativa escaló la semana pasada en el Concejo Deliberante local. El bloque del Partido Justicialista presentó un proyecto de declaración para expresar la solidaridad institucional del cuerpo con las familias afectadas de Unión Bat, pero el bloque de La Libertad Avanza se negó a firmar el documento.
«Ahí te das cuenta de la posición de ellos. La política se sigue apartando de la realidad. Están destruyendo todo: no quieren fábricas, no quieren comercios y no ven que el movimiento del país lo hacen los trabajadores», fustigó Gómez.
Horas decisivas: el fin de la tregua
Los operarios despedidos mantienen un acampe firme en el ingreso al Parque Industrial de Gualeguaychú y ya realizaron protestas con corte parcial en la Ruta Nacional 14.
La cuenta regresiva se acelera: la conciliación obligatoria vence el próximo viernes 24 de julio. Ante este escenario límite, este miércoles 15 de julio a las 14:00 horas se llevará a cabo una audiencia clave en la Secretaría de Trabajo en Paraná, donde los representantes de los trabajadores esperan que la patronal presente una propuesta superadora que evite un desenlace definitivo sobre el destino de las cien familias.