Autoridades del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos remitieron
una nota a los legisladores nacionales de esta provincia, en la que trasmiten las
conclusiones a las cuales arribó esa institución con relación al funcionamiento práctico
de la Ley N° 27551, de alquileres. Asimismo, detallan los cambios que deberían hacerse
a la legislación vigente y recuerdan que el propio presidente Alberto Fernández, pidió
cambios en la legislación locativa, el pasado 1 de marzo, en el discurso pronunciado
ante la Asamblea Legislativa.
En el primer párrafo solicitan a los legisladores que pongan en común con sus pares del
Congreso Nacional y autoridades, las consideraciones compartidas por los corredores
inmobiliarios del país, expresadas en el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios del
cual el CCPIER es uno de sus fundadores.
La nota enviada alude a la “innecesaria reforma introducida al capítulo de la locación
del Código Civil y Comercial, por la ley 27.551, que entró en vigencia el 1 de julio de
2020”, la cual “vino a reformar las relaciones entre locadores y locatarios, que hasta el
momento transcurrían sin grandes conflictos”.
En el texto, recuerda que en el mensaje de apertura de sesiones ordinarias del
Congreso, “el Presidente de la Nación pidió, sin dar mayores aclaraciones, cambios en
la legislación locativa, para mejorar la situación de los inquilinos y su acceso a la
vivienda, mencionando que hay problemas con el valor de los alquileres y también
sostuvo que la construcción es el gran motor de la recuperación económica de la mano
de la obra pública y privada”. En ese orden, en la nota el Colegio expresa: “Esperamos
que esta vez los legisladores procedan correctamente, modificando de acuerdo a las
sugerencias del sector, la inconveniente ley vigente desde el 1 de julio de 2020”.
LOS CAMBIOS QUE SE PROPONEN
El Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos ratifica todos los
cuestionamientos formulados en 2018, a título de advertencias, sobre las
consecuencias negativas que tendrían los cambios que por entonces se proyectaban.
Ese año, las conclusiones de la “III Cumbre Inmobiliaria Federal” realizada en Mendoza
también habían sido remitidas a los legisladores, pero evidentemente fueron
desatendidas.
En consecuencia, el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios reitera aquellos
argumentos y sugiere modificar la ley 27551 en tres cuestiones fundamentales.
Propone “acortar el término mínimo de duración y de orden público de un contrato
de locación reduciéndolo de tres a dos años, para aliviar a las partes de las
consecuencias de un contrato extenso y por cierto agotador, plazo al cual ninguna de
las partes quiere verse sometido”.
También, “acortar el plazo de indexación contractual reduciéndolo de un año a un
término de seis meses, a los efectos de evitar el duro golpe que significa para el
inquilino el efecto del ajuste inflacionario anual, y para el propietario las
consecuencias de la pérdida del valor adquisitivo de la moneda en tan largo término”.
Finalmente, solicita “dejar sin efecto la obligación de ajustar los contratos por el índice combinado de ajustes del promedio de la variación salarial y el promedio de la variación operada en el poder adquisitivo de la moneda (variación de precios al consumidor –inflación-) dejando librado al criterio de las partes contratantes la aplicación de cualquier índice oficial que publique el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)”.
