Para poner en la parrilla mediática a Daniel Rossi imputaron a un empleado municipal.
Se llama Marcelo Medina. Tiene 32 años de servicio en la Municipalidad de Santa Elena. Cobra $1.600.000 por mes.
No tiene moto. No tiene auto. Vive en una sola casa que la heredó de sus padres. Tiene cuatro hijos. Y todos los días va a trabajar en bicicleta.
A ese hombre, los fiscales Juan Francisco Ramírez Montrull, Gonzalo Badano y Facundo Barbosa lo imputaron por corrupto.
¿El motivo? En 2015, cuando la contadora municipal se jubiló y Daniel Rossi terminaba su mandato, quedó interinamente a cargo de la Contaduría, como lo permite la Ley 10.027 en casos excepcionales, porque si no funciona la Contaduría, no funciona el municipio.
El 10 de diciembre de 2015 asumió Silvio Moreyra y lo confirmó en el cargo. Lo mantuvo durante sus 4 años de gestión. A Moreyra, que fue quien lo tenía que resolver, no lo imputaron.
A Medina y a Rossi sí.
No lo imputaron por robar. No lo imputaron por enriquecerse. Lo imputaron por trabajar 32 años, cobrar $1.600.000, andar en bicicleta y vivir en su única casa que heredó de sus padres.
Con la imputación buscan manchar a Daniel Rossi y evitar que sea candidato a gobernador. Mientras tanto, a los que se robaron 53 millones de dólares de la Legislatura no los persiguen con la misma vara.
Imputar a un empleado de carrera que anda en bicicleta para pegarle a Rossi es la muestra más clara de hasta dónde llegó la Justicia entrerriana.