El joven apareció ahorcado con la correa de un bolso, en una celda de la Comisaría Segunda, de la ciudad de Concordia. La investigación se encuentra a cargo de la fiscal Julia Rivoira.
Según se pudo saber, del libro de guardia de la comisaría surge que el joven habría ingresado a las siete de la mañana del día sábado y a las nueve del mismo día, fue encontrado sin vida en una celda por personal de la misma dependencia, con signos de vejámenes en su cuerpo y rostro.
El detenido se encontraba con sus zapatillas, con los cordones puestos y el cinto que sostenía su pantalón.
En ese marco, se encuentran secuestrados los teléfonos celulares de todos los efectivos que estaban en el lugar y las filmaciones internas de la comisaría. La investigación se encuentra a cargo de la fiscal Julia Rivoira.
El joven no tendría antecedentes penales, era empleado de la construcción y fue delegado de la UOCRA, y el motivo de la detención fue por una disputa que tuvo con su pareja, según informa el sitio de noticias Concordia345.
Organismos de DDHH de la provincia denunciaron “un gravísimo caso de violencia institucional”
Desde la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos denunciaron que en el Caso Erik Valdez hubo una “detención ilegal” y que el cuerpo fue encontrado “con signos evidentes de tortura”. En este marco, por medio de un comunicado, la organización expuso algunas características del caso que “revisten una gravedad institucional extrema, a saber:
– el joven fue hallado sin vida en una comisaría no habilitada para alojar a personas detenidas;
– el cuerpo de Erik evidencia visibles de signos de torturas y vejaciones aberrantes;
– las autoridades policiales no cumplieron con su obligación de dar aviso correspondiente a la fiscalía ni a la defensoría de dicha detención, quienes se enteraron de los hechos tras el deceso de la víctima, por lo cual caracterizamos a esta detención como ilegal;
– Erik, al momento de su deceso se encontraba en la celda de la Comisaría Segunda con sus zapatillas, los cordones puestos y el cinto que sostenía su pantalón por lo que se infiere que el personal de esa dependencia omitió llevar a cabo los protocolos de actuación establecidos para la detención de personas y evitar que puedan llevarse a cabo acciones de autodeterminación”.
Desde la organización sentenciaron que hubo “accionar ilegal por parte de agentes de la Policía de Entre Ríos” y que se trató de “un gravísimo caso de violencia institucional”. “Entendemos que estas prácticas no constituyen hechos aislados, sino que representan una práctica represiva y sistemática inadmisible e incompatible con los más básicos estándares de Derechos Humanos de nuestro sistema democrático”, agregaron en el comunicado.
En consecuencia, exigieron a las autoridades gubernamentales correspondientes que se emita un mensaje público “que sancione estas prácticas y culmine de una vez la escala de violencia institucional que se vive en la provincia”.
Asimismo, pidieron que “se tomen las medidas necesarias para el esclarecimiento de este caso, que se actúe con la debida diligencia, celeridad e independencia de los presuntos responsables y de las unidades, instituciones u organismos a las que pertenezcan”, como así también que “se extenúe la investigación sobre la posible responsabilidad penal y funcional de los agentes policiales en relación a la muerte de Erik Valdez, y eventualmente, la complicidad de otros agentes de seguridad en el hecho”.
Al mismo tiempo, remarcaron que “no puede ser la propia fuerza de seguridad involucrada en este delito la que lleve adelante la investigación junto a la fiscalía por lo que se hace imperativo la intervención de otra fuerza como auxiliar de justicia para aclarar este lamentable episodio” y solicitaron que “se garantice la integridad física de todas aquellas personas que en solidaridad con los familiares de Erik Valdez se manifiestan públicamente exigiendo justicia y la no repetición de estos hechos en nuestra provincia”.
Por último, desde el Colectivo de Organismos de Derechos Humanos exigieron al gobernador, Gustavo Bordet, «dejar de postergar la conformación del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, cumpliendo con la ley aprobada años atrás y aproximando a la Provincia de Entre Ríos, a los estándares de Derechos Humanos y compromisos asumidos por nuestra Nación”.