A través de su vocero, la gestión de Milei hizo saber el cierre del área que supone la cesantía de 900 personas, de los cuales 60 son entrerrianos. En 2018 habían sido echados y reincorporados en años sucesivos. Trabajan en el asesoramiento a pequeños productores, cooperativas y huertas comunitarias, en convenio con municipios y comunas.
A 100 días del gobierno de Javier Milei, este martes, el vocero presidencial Manuel Adorni hizo un balance de la gestión en materia de políticas de ajuste, prometidas en campaña con la imagen de la motosierra. Cerró su repaso con la expresión: “Tengan bien en claro que llega a la Argentina empobrecida un nuevo sol”.
Pasó sin demoras a otro tema: “Se avanza en la eliminación del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Son 964 empleados de los que quedarán apenas 64 puestos de ‘no trabajo’. Es un ahorro de 9 mil millones de pesos. Era una fiesta de gasto público”, calificó ante los medios de comunicación.
En Entre Ríos, la medida supone el despido de 60 técnicos que trabajan en distintos puntos de la provincia. Varios de estos profesionales habían sido cesanteados en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri y la gestión del entonces ministro de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere, medida que alcanzó a un centenar de trabajadores.
Algunos fueron reincorporados paulatinamente, entre 2020 y 2021 y llegaron a ser 60 técnicos que hoy se quedan otra vez sin su empleo. La mayoría había iniciado su labor en 2005, en el marco del Programa Social Agropecuario y cumplieron funciones bajo distintas orgánicas, incluida la vigente, el Instituto de Agricultura Familiar que fue creado durante el gobierno de Alberto Fernández.
El ingeniero Pablo Benetti, uno de los afectados por la medida, contó que el área, en la provincia, trabaja en todo el mapa. “Hay técnicos en La Paz, Feliciano, Federal, Villaguay, Paraná, Gualeguaychú, Victoria, Nogoyá. Acompañamos, asesoramos a los pequeños productores agropecuarios, a las cooperativas, a las familias”, dijo a Página Política.
A modo de ejemplo, mencionó las acciones en el marco de “la emergencia agropecuaria, el año pasado, cuando llegamos con las herramientas del Estado a todos los puntos de la provincia, en la zona rural, con las declaraciones juradas”. “Trabajamos con cientos de huertas comunitarias, en proyectos que desarrollan los municipios, las comunas”, agregó Benetti con relación a las funciones de una organización abocada no solo a la producción sino a las políticas de arraigo en el campo, la prestación de servicios para las familias campesinas, la promoción de la agroecología, entre varios objetivos planteados desde la creación del Instituto.
“No hemos sido notificados formalmente del despido, pero hasta ahora lo que dice Adorni se hace”, estimó el profesional que consideró que de esa dirección en la que se convertirá el instituto “a lo sumo podrán quedar dos trabajadores en Entre Ríos, no más”.
El Instituto
El área disuelta ahora por el gobierno de Milei funciona actualmente como ente descentralizado, dependiente de Jefatura de Gabinete. Así lo previó la última orgánica prevista en el Decreto Nº 729/22 de Fernández.
Se plantea como objetivo del área “entender en el diseño, propuesta, coordinación, elaboración y ejecución de políticas, planes y programas que atiendan las necesidades y fomenten el desarrollo y fortalecimiento de los diversos sectores agroproductivos vinculados a la agricultura familiar, campesina e indígena y de la pesca artesanal”.
Se apuesta a “la promoción de las formas de producción agroecológicas, así como fomentar y acompañar la transición hacia estos sistemas de producción primaria y transformación asociada, a través de la ejecución de políticas de formación y fortalecimiento específicos”.
El Instituto también tiene por objeto el “fomento de programas de construcción, ampliación y mejoramiento del hábitat rural, acceso al agua y sus condiciones productivas, propiciando el arraigo y la vuelta al campo, con el objetivo de promover la pesca artesanal y la permanencia en la tierra de las familias de los agricultores y las agricultoras familiares, campesinos y campesinas e indígenas, en condiciones dignas”
Se impulsa también la generación de “instancias de participación de los productores y las productoras de la agricultura familiar, campesina e indígena, como así también reconocer y fomentar sus formas asociativas, convocando y coordinando espacios interinstitucionales con participación de los ámbitos público y privado relacionados con la actividad de su competencia”.