El hecho se conoció en marzo último. Una trabajadora de la Regional Sur del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), en Gualeguaychú, radicó una denuncia penal por violencia de género en contexto de violencia laboral ante el Ministerio Público Fiscal de Gualeguaychú. El denunciado fue Daniel Crespo, gerente de la Regional Sur de IAPV. Antes, en enero, había iniciado una denuncia administrativa.
“Empezó a acercarse, a hacerme comentarios e invitaciones, Me decía que le gustaba, pero como no era recíproco, rápidamente comenzaron los malos tratos, los primeros de los que tengo registro fueron en el año 2017”, explicó la mujer que se animó a denunciar a su jefe por violencia de género en contexto laboral este lunes. La presentación quedó a cargo de la fiscal Carolina Costa.
Pero la denuncia penal no fue el primer paso. Meses antes, la trabajadora denunció a Crespo ante el Departamento de Políticas Transversales del IAPV: “Yo quiero trabajar tranquila, sin ser violentada. Hace 10 años me desempeño en diferentes tareas en la Regional; hace alrededor de 5 años soy planta permanente. Esta persona es un cargo político, no es justo que no pueda volver a trabajar por la violencia de este hombre”.
La denunciante, JT, es trabajadora social. Su caso quedó radicado en el Juzgado Laboral Nº 1, de Gualeguaychú, a cargo de Luis Javier Frosch.
El 23 de marzo el juez Frosch dispuso «ordenar al presunto agresor, Sr. Daniel Adolfo Crespo al cese de cualquier acto de perturbación o intimidación que directa o indirectamente realice hacia la persona de la denunciante»; también, prohibir «al denunciado comunicarse por cualquier medio -incluso el informático cibernético o telefónico-, relacionarse, entrevistarse o desarrollar cualquier conducta similar en relación a la denunciante»; y dispensar a la denunciante «hasta tanto se adopten las medidas concretas que seguidamente se solicitan al Directorio del IAPV, de la obligación de desarrollar sus labores de manera presencial en las oficinas de la Regional Sur, situadas en Magnasco Nº 52 de esta ciudad, debiendo el organismo empleador brindar los medios para que la trabajadora pueda continuar realizando sus tareas de manera remota y los medios de traslado cuando deba desarrollar sus tareas en campo».
También el magistrado ofició al IAPV «para que por medio de su Directorio, y en el término de 72 horas, informe a este organismo sobre las medidas concretas a adoptar para garantizar el derecho de la denunciante a un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso».
Como el organismo estatal no cumplió con esa resolución, el magistrado lo intimó el 30 de marzo, publicó Entre Ríos Ahora.
El 15 de mayo, el juez del Trabajo reclamó al IAPV que se expida «y adopte medidas concretas que permitan el normal desempeño de la denunciante en un ambiente libre de violencia y acoso».
El 30 de junio la mujer acudió a la Justicia para que obligue al IAPV a reintegrarla al cargo y a trabajar en forma presencial. Su presentación agregó un dato: «el denunciado Sr. Crespo ha nombrado a una nueva trabajadora social para que lleve a cabo el trabajo en la oficinas de la regional». La paradoja que marcó es que «soy la víctima de violencia, que estoy aislada en mi casa, sin contar con las herramientas necesarias para poder llevar a cabo mis tareas de manera normal, sin tener una buena conexión a internet, ni hojas para imprimir, ni siquiera una computadora acorde que funciones bien, ni estabilizador, entre otras cuestiones, re victimizándome constantemente esta situación injusta denigrante y agobiante».
El 10 de este mes el juez dispuso “ante el silencio” de parte de IAPV para resolver el conflicto le otorgó un plazo de cinco días “para que, por el área que corresponda, arbitre todo lo necesario para garantizar la reincorporación a su lugar de trabajo” de la denunciante, “en sus tareas, jornadas y horarios habituales y en ambiente donde se garantice su integridad psicofísica”.
Oscar Muntes, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), reprochó la falta de decisión del IAPV ante la denuncia por violencia laboral de una trabajadora, y pidió celeridad en las definiciones.