Conocen la zona como la palma de su mano, y cuentan con recursos logísticos para arriar varios animales a la vez, carnearlos y luego comercializar la carne en el mercado negro o venderlos como animales en pie.
Conocen la zona como la palma de su mano, y cuentan con recursos logísticos para arriar varios animales a la vez, carnearlos y luego comercializar la carne en el mercado negro o venderlos como animales en pie.
Los robos no son generalizados en la zona, no atacan a pequeños y medianos productores sino que van por el botín mayor, por aquellas estancias en las que, mediante información de peones rurales que trabajan en establecimientos puntuales y son «coimeados» por la misma organización se enteran de los puntos vulnerables en la seguridad de la estancia.
Saben que sus dueños no viven en su casco sino que vienen esporádicamente y ponen a cargo a un capataz. Gracias a esa información interna que obtienen de los peones, a los que contactan en los bares de la zona, montan luego toda una operatoria para hacerse con gran número de cabezas de ganado, y pasarlos a campos vecinos por senderos dentro de los montes, o aprovechando alambrados rotos que nunca fueron reparados pese al conocimiento del productor.
Aplicando esta estrategia, la misma organización delictiva literalmente saqueó una estancia de 1700 hectáreas en la zona conocida como Punta Caballos, en el departamento Gualeguaychú. El estanciero que prefirió mantener su identidad por temor a represalias de los cuatreros, dijo haber perdido más de 400 animales el año pasado, algunos pudieron ser recuperados por el mismo capataz del campo pero otros terminaron vendidos como animales en pie o carneados en instalaciones muy precarias.
Los cuatreros saben que algunos de los animales que están robando son los que en la jerga ganadera se llaman orejanos, aquellos animales que nacieron en el monte y por la dificultad de acceder a esos lugares no pudieron ser marcados y no están en la contabilidad del registro ganadero de la estancia.
El capataz de una estancia de la zona, quien prefirió mantener su identidad en reserva, contó al diario El Argentino, que en sus recorridas a caballo por el monte «encontré islas de ganado de 20 a 30 cabezas, es decir que encierran las vacas rodeándolos con hilos eléctricos a batería y van sacándolas de acuerdo a los encargues de carne que tienen en el mercado informal».
Cerca de la estancia en cuestión, hay una chacra de 30 hectáreas que pertenece a un contador público domiciliado en Buenos Aires. En el interior de ese terreno, hay viejas instalaciones que están totalmente abandonadas desde hace tiempo; sin embargo hay huellas de que alguien estuvo allí hace poco.
En las habitaciones de la tapera, hay una heladera prácticamente nueva, un colchón de dos plazas y huesos de vacunos que alguna vez fueron carneados en el lugar. En un galpón semiabierto, hay botellas y damajuanas de vino vacías que al parecer fueron usadas hace poco.
A pesar de que en esa chacra hace tiempo que no vive nadie y no hay vacunos, se ve bosta de animales fresca cerca de los corrales que cuentan con una manga de carga, con señales de haber sido recientemente reparada y alambres eléctricos que parecen haber sido adquiridos poco tiempo atrás.
Según el empresario, los cuatreros acondicionaron la tapera, arreglaron la manga de carga de vacunos y utilizan esas mismas instalaciones abandonadas para cargar los animales robadosy transportarlos en tráilers que son traccionados por una camioneta 4 por 4, durante la penumbra de la noche, en una zona prácticamente despoblada de familias rurales.
Esta organización, según estima el entrevistado, estaría integrada por unas 17 personas que se mueven con camionetas 4 por 4, cuentan con recursos para arrendar campos y dinero para pagar la información brindada por algunos empleados infieles que trabajan en la zona.
Al parecer, en la misma organización hay roles definidos, un grupo se encarga de juntar el ganado y otro de trasladarlo para su comercialización ilegal.
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Durante la gestión de Javier Melchiori al frente de la Sociedad Rural, se firmó un convenio con la Policía de Entre Ríos, mediante el cual, la Brigada de Abigeato, se haría cargo del monitoreo de las cámaras de videovigilancia que los mismos productores compraron e instalaron, mediante una colecta entre los socios de la entidad.
Estos dispositivos, permitieron aliviar a la Brigada, al tener un registro de las patentes de los vehículos que transitaban por toda la zona y así planificar mejor los operativos de control en los caminos rurales.
No obstante, los mismos cuatreros se encargaban de romper las cámaras mediante disparos de armas de fuego, y por los costos elevados que representaba el mantenimiento y reparación de los dispositivos, la actual gestión de José Colombatto, junto a la comisión directiva de la Sociedad Rural decidieron retirar las cámaras.
«Tuvimos que dejar de lado el monitoreo y retiramos las cámaras por falta de presupuesto. En su momento, los producotores nos dijeron que se iban a hacer cargo de los costos de mantenimiento, pero eran dos o tres lo que siempre ponían dinero y así nos quedamos sin fondos.
Nuestra política ahora es la de gestionar, estamos en contacto permanente y tenemos reuniones con el subcomisario Ángel Pasutti, quien está a cargo de la Brigada de Abigeato en el departamento», dijo Colombatto.
«Lo que si vemos es que bajó mucho la incidencia del abigeato en la zona, sabemos que hay gente que le han carneado, pero lo que le pedimos al socio es que denuncie el hecho a la Policía, sólo así lo acompañamos. Estamos cansados de que vengan a hacer catarsis a nuestra sede, pero luego cuando les pedimos que hagan la denuncia no quieren hacerlo», agregó Colombatto.
«No hay denuncias ni comentarios»
Consultado por el hecho, el subcomisario Ángel Pasutti, a cargo de la Brigada de Abigeato departamental, dijo que: «no hemos tenido conocimiento del hecho que se está denunciando. El estanciero debe hacer un análisis de la cantidad de animales que tiene en el campo, a veces hemos ido a contar los animales cuando ha realizado denuncias y le terminan sobrando cabezas. Si le están faltando animales, el productor tiene que hacer la denuncia que corresponde, qué categoría tiene, qué marca y qué cantidad le está faltando, son todos los datos que se le pide al ganadero para poder realizar una investigación».
Señaló que: «hace dos años que estoy a cargo de la Brigada y cuando paramos a los ganaderos en los procedimientos se le pide toda la documentación correspondiente y se les consulta por cómo está la situación delictiva en la zona en la que vive o trabaja y la verdad es que no tenemos comentarios que nos digan que el delito haya crecido. La zona está tranquila».
Al consultarle por si la Brigada tiene recursos suficientes para realizar un patrullaje preventivo en la zona, Pasutti manifestó que: «los recursos para desarrollar las actividades preventivas están, hacemos procedimientos en distintos horarios, a la mañana y a la noche, recorremos los caminos de Costa Uruguay Sur y no hemos tenido denuncias de un crecimiento del abigeato en la zona».
Pasutti confirmó lo ya dicho por Colombatto, que mantiene permanente contacto con la dirigencia de la Sociedad Rural Gualeguaychú para interiorizarse de las distintas problemáticas del delito rural y actuar en consecuencia a través de medidas prevencionales.
Al referirse a los animales que son trasladados en trailers por productores de la zona explicó que: «si los encontramos en un operativo y constatamos que es una venta de ganado en negro y el productor lo está trasladando de un campo a otro de la zona, pero puede justificar el origen de esos animales, el productor está cometiendo una infracción y debe actuar el Senasa, más si el ganadero no puede justificar la procedencia de los animales, entonces ya se estará cometiendo un delito penal», concluyó.