9 septiembre, 2026

Causa Urribarri: La jueza de Ejecución de Penas confirmó que aún no tiene jurisdicción para resolver traslados

Causa Urribarri: La jueza de Ejecución de Penas confirmó que aún no tiene jurisdicción para resolver traslados

En declaraciones radiales para el programa Amanece Litoral, la titular del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Paraná, Dra. Cecilia Beatriz Bértora, aclaró la situación procesal de la condena firme que recae sobre el exgobernador Sergio Urribarri y sus colaboradores, Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera.

 

​La magistrada explicó que, aunque la defensa de Urribarri solicitó formalmente un traslado hacia la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, su juzgado aún no puede expedirse al respecto. «No puedo intervenir hasta que no llegue formalmente la sentencia y el cómputo de pena; es eso lo que le da inicio a la ejecución. Hasta ahora no tengo jurisdicción y cualquier medida previa sería ilegal», precisó Bértora.

​Actualmente, los tres condenados permanecen alojados en Paraná a disposición del Tribunal de Juicios y Apelaciones mientras transcurren los plazos legales para la homologación del cómputo de las penas.

​Diferencias entre penales y régimen de detención

​Al ser consultada sobre las características de los establecimientos carcelarios, Bértora detalló que existen diferencias edilicias y de capacidad entre la Unidad Penal N° 1 de Paraná (un predio centenario que alberga a más de 1.000 internos) y la Unidad N° 9 de Gualeguaychú (un predio más espacioso con edificaciones modernas y menos de 700 reclusos). Sin embargo, remarcó que las solicitudes de traslado son un trámite habitual dentro de la población carcelaria y que no responden a ningún privilegio particular.

​En cuanto al acceso a comunicaciones y atención médica, la jueza subrayó que ningún interno tiene permitido el uso personal de teléfonos móviles. «El teléfono celular es para uso compartido del pabellón, únicamente para llamadas salientes y en horarios determinados», enfatizó. Asimismo, señaló que las sanciones disciplinarias por incumplimiento de estas normas impactan en el puntaje del recluso, lo que directamente puede postergar el beneficio de futuras salidas morigeradas.

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