El secretario de Trabajo de Entre Ríos analizó la situación de distintas empresas que atraviesan dificultades en la provincia y marcó diferencias entre los cierres ordenados y los conflictos abiertos. Además, reconoció el impacto de la caída del empleo formal y planteó la necesidad de fortalecer herramientas que permitan mejorar la competitividad del sector productivo.
La crisis de Granja Tres Arroyos volvió a poner en agenda la situación del empleo privado en Entre Ríos, pero para el secretario de Trabajo de la provincia, Mariano Camoirano, el escenario excede a una sola empresa y obliga a observar con atención la realidad de distintos sectores productivos.
En dialogo con Amanece Litoral, en FM Litoral, el funcionario se refirió al conflicto que atraviesa la firma avícola y aprovechó para trazar una comparación con otros casos recientes que impactaron en la provincia, como los de Menghi y Valentinuz, dos empresas paranaenses que atravesaron procesos muy diferentes pese a compartir dificultades económicas.
«Los seguimos muy de cerca desde la Secretaría de Trabajo», afirmó Camoirano al ser consultado sobre ambas firmas.
Dos crisis, dos desenlaces distintos
El funcionario explicó que la principal diferencia entre los casos radica en la forma en que las empresas respondieron frente a sus trabajadores.
En relación con Menghi, destacó que el cierre de actividades se desarrolló en un marco de diálogo y cumplimiento de las obligaciones laborales.
«Fue una salida muy acompañada con los trabajadores, con mucho respeto y mucho cariño. Se abonó todo lo correspondiente y no fue una salida conflictiva», señaló.
Incluso calificó el proceso como una «desvinculación virtuosa», remarcando que los empleados recibieron las indemnizaciones y compensaciones previstas por la legislación vigente.
La situación de Valentinuz, en cambio, presenta un escenario completamente distinto.
«Ahí estamos frente a un conflicto porque los trabajadores no han tenido respuestas», sostuvo.
Según explicó, los empleados continúan reclamando definiciones por parte de la empresa, lo que mantiene abierta la intervención de la Secretaría de Trabajo y de las organizaciones sindicales.
El deterioro del empleo formal
Más allá de los casos puntuales, Camoirano reconoció que los indicadores laborales muestran un panorama complejo.
«Los datos no nos ayudan demasiado en materia de empleo formal. Hubo una caída fuerte durante los últimos años, aunque ahora la situación parece haberse estabilizado un poco», admitió.
En ese contexto, defendió el rol que viene desempeñando el Gobierno provincial en la atención de conflictos laborales y destacó el trabajo coordinado con sindicatos y representantes de los trabajadores.
El funcionario valoró especialmente la tarea de seguimiento permanente que realiza la Secretaría para intervenir rápidamente cuando aparecen atrasos salariales o señales de dificultades empresariales.
«Cuando después de los primeros días no se pagan los salarios, inmediatamente aparecen consultas de los trabajadores o de los sindicatos y ahí empiezan a encenderse las alarmas», explicó.
La discusión sobre la prevención de las crisis
Uno de los aspectos más interesantes de la entrevista surgió al analizar si el Estado provincial debería contar con herramientas preventivas para detectar y acompañar a empresas antes de que ingresen en una crisis profunda.
Camoirano reconoció que actualmente no existe un programa específico de asistencia anticrisis dentro de la Secretaría de Trabajo.
Sin embargo, aclaró que el Gobierno intenta intervenir articulando con organismos públicos para evitar que deudas impositivas o compromisos financieros terminen agravando situaciones empresariales delicadas.
De todos modos, planteó un límite claro respecto del alcance de la intervención estatal.
«No nos puede pasar que terminemos sosteniendo empresas que tienen problemas estructurales o decisiones equivocadas de gestión. Muchas veces eso sólo prolonga una agonía», advirtió.
La definición marca una postura que busca diferenciar el acompañamiento a trabajadores y sectores productivos de una eventual asistencia indiscriminada a empresas inviables.
Granja Tres Arroyos, un caso excepcional
En ese marco, Camoirano sostuvo que la situación de Granja Tres Arroyos requiere una atención especial por el volumen de empleo que genera.
La empresa mantiene alrededor de 900 puestos de trabajo directos en Concepción del Uruguay y constituye uno de los principales motores económicos de la región.
«Debemos tener muy pocas empresas en la provincia con la cantidad de trabajadores que tiene Granja Tres Arroyos», afirmó.
Por esa razón, explicó que la Provincia busca acompañar tanto a los trabajadores afectados por los atrasos salariales como a la empresa en su intento de conseguir financiamiento para retomar plenamente la producción.
Competitividad y desafíos pendientes
Finalmente, el secretario de Trabajo consideró que muchas de las dificultades que atraviesan las empresas están vinculadas a factores de competitividad que exceden el ámbito provincial.
Mencionó entre ellos las tasas de interés, las condiciones macroeconómicas y la apertura comercial, aunque también destacó medidas impulsadas por la gestión provincial para reducir costos y mejorar las condiciones productivas.
Entre ellas mencionó alivios tributarios, costos energéticos y obras de infraestructura orientadas a fortalecer la actividad económica.
«Falta mucho por hacer, pero creemos que mejorar la competitividad es una de las claves para sostener el empleo y evitar que más empresas entren en crisis», concluyó.
La reflexión de Camoirano deja planteado un debate que trasciende los conflictos actuales: cómo generar condiciones para preservar el empleo privado en un contexto económico cada vez más desafiante para las empresas entrerrianas.
Fuente: FM Litoral