Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierte sobre el cierre de más de 1.200 empresas y la pérdida de más de 13.000 empleos registrados en la provincia. El contador Juan Pablo Enríquez analizó el deterioro del mercado laboral, la creciente morosidad y el impacto del ajuste presupuestario.
La situación económica y laboral en la provincia de Entre Ríos atraviesa un escenario crítico, según los últimos datos expuestos por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). En diálogo con el programa Amanece Litoral, conducido por Guille Romero, el contador e integrante del CEPA, Juan Pablo Enríquez, detalló los alcances del ajuste económico en el tejido productivo regional y nacional.
Según cifras de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo correspondientes a junio de este año, en Entre Ríos cerraron 1.212 empresas, pasando de un total de 17.405 a 16.193 unidades productivas. Esta reducción impactó de manera directa en el empleo formal, dejando un saldo de 13.455 trabajadores despedidos.
»El impacto en la provincia de Entre Ríos ha sido más importante que en términos nacionales. Mientras que a nivel país la caída en la cantidad de empresas fue del 6,1%, en la provincia alcanzó el 7%. En términos de empleo registrado, Entre Ríos sufrió una caída del 4,8% frente al 4,4% del promedio nacional», precisó Enríquez.
Precarización laboral, plataformas y récord de morosidad
El analista del CEPA remarcó que el desplome del empleo registrado ha empujado a miles de personas a la informalidad y al cuentapropismo, destacando el fenómeno del trabajo en aplicaciones de servicio y transporte, sector que ya supera el millón de ocupados a nivel nacional.
Paralelamente, el deterioro del poder adquisitivo —con un salario mínimo que contrasta frente a una canasta básica familiar estimada en $1.600.000— se traduce en un endeudamiento crítico de los hogares. «Entre Ríos registra hoy 154.000 morosos, de los cuales 100.000 se encuentran en situación 5 de incobrabilidad. Es un número sinceramente preocupante», advirtió el profesional.
Preocupación en el sector industrial
Enríquez también se refirió al diálogo que mantienen con diversos actores del sector productivo. En ese contexto, hizo mención al encuentro impulsado por la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA) junto a representantes del sector académico y empresarial —como autoridades de Toyota—, donde se elaboró un diagnóstico conjunto presentado ante la CGT.
»La amplia mayoría de los empresarios tiene una enorme preocupación por un factor fundamental: no hay consumo. La pérdida permanente de ingresos destruye el mercado interno y deja a las Pymes sin margen de sustentabilidad», enfatizó.
Trazado presupuestario y el impacto del RIGI
Al evaluar las proyecciones y el proyecto de Presupuesto, el integrante del CEPA sostuvo que la lógica del ajuste genera un «circulo vicioso» que termina contrayendo la recaudación fiscal. Al analizar las partidas destinadas a salud, educación, obras públicas y discapacidad, remarcó caídas reales que en algunos rubros superan el 100% respecto a periodos anteriores.
Por último, el contador cuestionó los incentivos fiscales otorgados a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI): «El presupuesto contempla alrededor de 3.000 millones de dólares en beneficios impositivos para grandes empresas. Con ese monto se podría financiar la totalidad del presupuesto educativo nacional, mientras que las Pymes locales siguen desamparadas», concluyó.