En la primer reunión conjunta de las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, y de Previsión y Seguridad Social, representantes de Agmer, AMET y la Federación de Jubilados expusieron sus duras críticas. Advertencias por pérdida de derechos, impacto salarial, falta de datos contables y posibles judicializaciones fueron los puntos principales.
Luego de haber tomado estado parlamentario, este miércoles se realizó la primera reunión conjunta de las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, y de Previsión y Seguridad Social para analizar y debatir la iniciativa presentada por el Ejecutivo provincial, la cual establece reformas en el sistema previsional actual y ya cuenta con media sanción.
En este encuentro fueron convocados representantes del sector docente: el secretario general, Abel Antivero, y la secretaria adjunta, Lía Fimpel (AGMER); junto al secretario de Relaciones Gremiales de AMET, Roberto Aguirre.
Por su parte, Aguirre agradeció la convocatoria, pero solicitó que no sea una mera invitación formal, sino que lo expuesto sea tenido en cuenta: “No queremos ser meros espectadores”.
En relación con la reforma, sugirió realizar una auditoría sobre el manejo de la Caja y las acreencias no cobradas. “No tenemos los números específicos o un estudio contable realizado. Lo único que hacen es traer déficits abismales”, sostuvo. Y agregó: “En 2025, Frigerio dijo en Infobae que con el aporte extraordinario en 2024 se saneó un 50 % del déficit, por lo que este año tendríamos que estar en cero. Sin embargo, seguimos teniendo el mismo pasivo”.
También hizo referencia a la relación entre la edad de aportes y el haber jubilatorio que establece el proyecto: “Nosotros tenemos un límite que, por desgaste psicológico, no nos permite trabajar después de determinada edad. Este Gobierno no modifica ese punto, pero nos quita un 19 % de aportes previsionales, por lo que no vamos a querer trabajar y tendremos que solicitar tareas administrativas. Esto generará un aumento en el pago de sueldos”.
Asimismo, hizo hincapié en los aportes no remunerativos otorgados por la Provincia en paritarias, señalando que no coinciden con el discurso oficial de saldar la deuda: “De nuestro sueldo, el pasivo recibe un 20 %. Si ese pago es en negro, lo deja de percibir. Además, hay que agregar que la nueva edad para jubilarse es de 60 o 65 años. Esto significa que, de un salario activo de un millón de pesos, se pasarán a cobrar 600 mil pesos”. En ese sentido, alertó que el número de docentes aportantes a la Caja disminuye porque el haber “no alcanza”: “La situación es tan crítica que cae la matrícula de estudiantes del profesorado, ya que se les ofrece un salario futuro que no resulta atractivo”.
Por otra parte, advirtió sobre las consecuencias judiciales de ampliar a 15 años la base temporal para calcular el haber inicial. “En Córdoba pasó de 4 a 10 años y aun así fue judicializado. Es una estafa hacer este cambio porque, al ingresar a la docencia, tenemos definido cuál será el marco de nuestra pasividad”, afirmó. Y añadió: “Si aceptamos una rebaja del 40 % en nuestro salario pasivo, prácticamente estamos defraudando a los afiliados”.
“No es momento de quitar fondos y derechos a los docentes, teniendo en cuenta la cantidad de profesores y maestros que debieron solicitar préstamos al Banco de Entre Ríos y adherirse a planes de pago para subsistir”, sentenció.
Desde AGMER, Antivero cuestionó la falta de convocatoria a representantes de UDA y Sadop. Luego se refirió a la Carpa Blanca instalada frente a Casa de Gobierno: “Significa resistencia y expresa que la Ley 8072 no se toca, porque si hay una reforma que propone ajustar salarios y quitar derechos, nosotros no aceptaremos ni un punto ni una coma”. También destacó la recolección de firmas: “Logramos un registro de 50 mil adhesiones. Hay un gran sector de la ciudadanía que le está diciendo no a la reforma”.
Respecto al texto elaborado por el Ejecutivo, el dirigente sostuvo que posee “una mirada empresarial”: “El argumento es resolver el déficit, pero ningún sistema previsional del mundo ni del país da superávit”. En esa línea, cuestionó la proyección oficial de que en diez años habrá menos de un activo por cada jubilado: “Esto significaría que tendrían que jubilarse 30 mil activos en una década, no ingresar ningún trabajador nuevo y que no fallezca ningún jubilado”.
Para Antivero, la iniciativa representa “un ajuste que forma parte del empobrecimiento impulsado por un gobierno que hablaba de priorizar a la docencia en la campaña de 2023”. En ese contexto agregó: “Es cierto que la expectativa de vida aumentó y es uno de los argumentos, pero ¿bajo qué condiciones vive un adulto mayor? En la docencia se registran graves problemas de salud mental y afecciones vocales por estar al frente del aula. Cuando se aumenta la cantidad de años a trabajar, no se tienen en cuenta las condiciones laborales”.
Por otro lado, el secretario general llamó la atención sobre las declaraciones coincidentes de los legisladores oficialistas a favor del proyecto: “Parece que el Poder Ejecutivo les bajó una hojita y les dijo qué es lo que tienen que decir”. Antes de finalizar, criticó que se haya citado para la siguiente jornada a representantes del Consejo Empresarial de Entre Ríos y de la Bolsa de Cereales: “¿Qué tienen que opinar? Esto profundiza la falsa dicotomía que instala el Ejecutivo entre el sector público y el privado”.
Por último, dejó un mensaje a los diputados: “Voten respondiendo al pueblo entrerriano. No vamos a dejar de señalar a aquel que vote a favor de este ajuste”. Esta frase generó malestar en los legisladores Roque Fleitas y Juan Rossi, quienes la calificaron como una falta de respeto y criticaron la persecución a quien piensa diferente. Asimismo, Jorge Maier le recriminó a la dirigencia no haberse solidarizado con la senadora Miranda tras denunciar amenazas de muerte por haber votado a favor del proyecto en la Cámara Alta.
Desde el bloque del PJ, Juan José Bahillo y Laura Stratta rechazaron el tratamiento “acelerado” en la Cámara Baja y coincidieron con los planteos de los expositores.
La Federación de Jubilados de Entre Ríos pidió garantías de no retroactividad
Representantes de la Federación de Jubilados de Entre Ríos, al igual que en su presentación ante el Senado, solicitaron garantías de que la nueva norma no se aplique de manera retroactiva, tanto para los jubilados actuales como para los beneficiarios de pensiones. En ese sentido, reafirmaron el pedido de incorporar un artículo específico que lo resguarde.
“Parte del texto presentado por el Ejecutivo puede ser objeto de control judicial si se consideran lesivas de derechos previsionales adquiridos o de principios constitucionales, tal como la nueva modalidad de cálculo y la habilitación de aportes extraordinarios”, anticipó el presidente de la entidad, Oscar Pirillo.
Además, al manifestar su rechazo al proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado, el titular sostuvo que el Ejecutivo no ha presentado los números económicos que justifiquen la declaración de emergencia. Por ello, solicitó que se haga pública la evolución del déficit de la Caja en el tiempo para justificar el “sacrificio” que se le pide a los aportantes.
Por su parte, la representante de la Federación en la Caja de Jubilaciones, Claudia Valori, agradeció la convocatoria frente a las versiones de un “tratamiento exprés” sin participación sectorial.
Respecto de la iniciativa, pidió revisar las atribuciones otorgadas al presidente de la Caja para evitar interpretaciones discrecionales: “Hay puntos claroscuros que el titular del organismo podría interpretar de manera distinta al Directorio”.
Asimismo, hizo referencia a las jubilaciones por invalidez. La ley actual permite acceder al beneficio con el 82 %, mientras que la nueva propuesta establece un 70 %: “Son personas que no eligieron padecer una incapacidad”. También solicitó rever el esquema de regímenes especiales, señalando que “trabajadores de la salud y del sector vial han quedado excluidos”.
En el cierre, Valori subrayó en rechazo al proyecto: “Quiero decirles a los futuros jubilados que un 82 % calculado sobre la base de los últimos 15 años de trabajo se traducirá en un haber mucho más magro que el que percibimos actualmente”. (APFDigital)