Rossi anunció su candidatura a gobernador y el proyecto de contratar a una empresa internacional para investigar a opositores
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La reciente declaración del intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, anunciando que será candidato a gobernador para el 2027 y su intención de contratar a la firma internacional Kroll Associates para investigar a dirigentes del Partido Justicialista que impulsaron su expulsión de esa fuerza política, abrió un debate que excede la disputa partidaria y se proyecta sobre un terreno mucho más sensible: los límites legales del poder público, la protección de los derechos políticos y el funcionamiento del Estado de Derecho.
«Nosotros no tenemos nada que ver con la runfla mafiosa, denominada PJ», dijo, tras lo cual apuntó a varios dirigentes del peronismo entrerriano. «Vamos a hacer un proyecto antimafia; acá no hay término medio. Vamos a ser la topadora en un proyecto de gobierno», dijo, tras lo cual remarcó que la empresa Kroll «vendrá a investigar y meter presos a todos aquellos que se robaron los presupuestos de esta provincia». Los contratos de la empresa van de 300 mil a 350 mil dólares por investigación.
El anuncio de Rossi excede los límites de una interna partidaria dentro del peronismo entrerriano, y avanza arrollando valores de relevancia institucional. ¿Puede un funcionario municipal contratar servicios privados para investigar adversarios políticos? ¿Cuál es el límite entre una auditoría privada, una investigación patrimonial y una actividad de inteligencia? ¿Qué protecciones establece la legislación argentina para impedir que organismos públicos o actores privados recopilen información sobre ciudadanos por sus opiniones políticas?
Las respuestas a estas preguntas son centrales para comprender la gravedad potencial de los anuncios realizados y por qué es muy sensibles para cualquier democracia constitucional.
La controversia comenzó cuando Rossi, a través de declaraciones públicas difundidas en sus redes sociales, afirmó que recurrirá a la empresa Kroll para avanzar en investigaciones vinculadas a lo que describió como corrupción dentro del Partido Justicialista entrerriano.
En sus manifestaciones, el jefe comunal sostuvo que no apelará la decisión partidaria que determinó su expulsión y que buscará canalizar su respuesta política por fuera de la estructura partidaria tradicional. Como lo hizo en la última elección, por citar un antecedente inmediato.
Sin embargo, la referencia expresa a la contratación de una firma internacional dedicada históricamente a investigaciones corporativas o “de inteligencia”, generó preocupación en distintos sectores políticos y jurídicos, especialmente por el contexto en que fue anunciada: una disputa abierta con dirigentes partidarios identificados como adversarios.
La cuestión central no es únicamente quién sería investigado, sino bajo qué facultades, con qué recursos y dentro de qué marco legal podría desarrollarse una actividad de esa naturaleza. ¿La Justicia no tiene nada que decir al respecto? UNO