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Policiales

Rechazaron la prescripción en la causa Moya

Casación del STJ rechazó el recurso presentado por los defensores del cura y la causa por abuso y corrupción de menores sigue avanzando.

 

 

La Cámara de Casación Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), rechazó el recurso presentado por los defensores del cura Marcelino Moya, en el marco de la causa por abuso y corrupción de menores mientras fue párroco en Villaguay.

La sentencia judicial confirmó de este modo el fallo del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay. Según se indicó en el órgano judicial, el rechazo fue por mayoría y no por unanimidad. En disidencia se pronunció el vocal Hugo Perotti. Ahora habrá que esperar como máximo unos diez días hábiles. Ese es el plazo que tienen los abogados del religioso para apelar el fallo de este jueves. Si así ocurriera, el planteo por la prescripción escalará otro peldaño y llegará a la Sala Penal del STJ, publicó Análisis.

La decisión de Casación Penal, que habilita la prosecución de la investigación judicial en cuanto a determinar la responsabilidad del cura Moya en dos denuncias por abuso sexual infantil, fue por mayoría. Al voto fundamentado lo dio la vocal Marcela Davite, postura a la que adhirió la vocal Marcela Badano. A favor del recurso planteado por los defensores de Moya se pronunció el vocal Hugo Perotti. La posición de este último integrante es coherente con sus decisiones anteriores. Perotti ya se pronunció a favor de la prescripción de los delitos en la causa Ilarraz, cuando ese proceso judicial estaba en una instancia similar a la que hoy atraviesa la causa del cura Moya.

 

 

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Al respecto, Pablo Huck, uno de los denunciantes de Moya, ante Elonce TV manifestó su “alegría y esperanza de que se haga justicia” tras el reciente fallo judicial.

“Si bien quedan instancias de apelaciones, en lo personal, trato de centrarme en el trabajo que venimos haciendo con la ONG Compromiso con voz y la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos respecto a las cuestiones legales como los tecnicismos, en el caso de la prescripción, que a los denunciantes nos generan ansiedad”, aseguró el médico oriundo de Villaguay que actualmente reside en Córdoba.
“Uno trata de poner la energía en el trabajo más grande que venimos haciendo”

En la oportunidad, Huck remarcó que, “no hay dudas que el cura Moya ha cometido otros delitos en los lugares por los que ha pasado”, y en esa línea instó a otras potenciales víctimas del sacerdote a radicar la denuncia correspondiente.

“No son errores de un sacerdote, sino que hablamos de un pedófilo, de un delincuente, cuya conducta es habitual”, sentenció. “Apelamos a la escucha de los responsables de esos niños que sufrieron este tipo de abusos, porque cuanto antes puedan ponerse en resguardo de su salud mental, están generándoles un mejor porvenir”, apuntó.

“En Seguí estuvo diez años y sería interesante que más allá de la denuncia que hicimos en Villaguay con otra persona, que se manifiesten para resguardar el potencial daño que está comenzando en esos niños que han sufrido un abuso”, recomendó, al tiempo que advirtió: “Significa trabajo lucha y mucha esfuerzo, además de muchos días de tensiones”.

“Significa ponerse en un estado de lucha por verdad y justicia, a como dé lugar y en todos los aspectos de la vida a los que uno tenga alcance”, remarcó, ya que según explicó: “Primero, hay una etapa de mucho silencio a la que te lleva el abuso, y después, un largo proceso para poder intentar recuperarse”.

La causa Moya había llegado a Casación el 14 de agosto de 2017. Fue después de que el 31 de julio del año pasado el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay rechazara el planteo de prescripción formulado por los abogados defensores de Moya. El camarista Mariano Martínez confirmó la resolución del juez de Garantías de Villaguay, Carlos Ramón Zaburlín, que el 29 de junio de 2017 rechazó la vía de la prescripción y elevó la causa a juicio.

Los abogados que entonces ejercían la defensa de Moya, Néstor Fabián Nicolás Paulete y Rubén Darío Germanier, pidieron la prescripción de los delitos que se le imputan al sacerdote: dos abusos, ocurridos en Villaguay, adonde estuvo destinado entre 1992 y 1997.

 

 

 

 

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