Pedro Guastavino: “Servini de Cubría hace más valoraciones políticas que jurídicas”

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El Senador Nacional, en FM Litoral, dio su postura frente a la decisión que desplazó a José Luis Gioja al frente del partido justicialista y colocando como interventor a Luis Barrionuevo. “No creemos que la justicia deba inmiscuirse en los partidos políticos”, sentenció el legislador. Guastavino también se refirió al proyecto de ley que obliga a crear una cadena de custodia sobre las escuchas telefónicas, el cual está en pleno debate en la cámara del senado.

 

 

“No estamos de acuerdo con la decisión” de intervención del PJ. El fallo de la jueza hace más valoraciones políticas que jurídicas para argumentar su fallo, creo que la cámara lo terminará revocando. No creemos que la justicia deba inmiscuirse en los partidos políticos”, aseveró Guastavino.

Consultado sobre rumores que indican que Servini de Cubría actúa por pedido del gobierno nacional, dijo que no sabe si le conviene al gobierno esta decisión, “creo es una decisión propia de la jueza avanzando sobre el partido donde hay mandatos que corregir, hay cuestiones que el partido debe resolver claramente y esto es una realidad”, sentenció.

 

 

Custodia sobre las escuchas telefónicas

 

“Con esta norma se busca hacer un control real y que se sancione con una ley a quien incursione es en este delito grave. Hubo un consenso absoluto, pero debemos avanzar con premura”, dijo Guastavino.

El proyecto de ley obliga a crear una cadena de custodia sobre las escuchas telefónicas que administra la Corte Suprema de Justicia e impone sanciones ante su filtración.

La iniciativa, presentada por el senador del bloque Justicialista Rodolfo Urtubey, obtuvo dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales luego de que el oficialismo, el justicialismo y el kirchnerismo consensuaran varios artículos.

Se prevé que el proyecto sea votado en la sesión del Senado prevista para el próximo miércoles.

El proyecto también establece una pena de seis meses a tres años de prisión para quienes “violen el deber de confidencialidad” y de dos a cuatro años de prisión para quien “a sabiendas entregare para su difusión” las escuchas. Los senadores buscaron dejar en claro que la pena recaerá sobre quien entregue las escuchas y no sobre el periodista que las reciba.

 

 

 

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