FM LITORAL
Entre Ríos

El IAPV reiteró la prohibición de vender o alquilar viviendas sociales

La reiteración se realizó tras denuncias de vecinos de Concordia quienes advirtieron la venta de una vivienda de IAPV a través de las redes sociales. Iniciarán acciones legales contra los adjudicatarios.

 

El Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) reiteró a los entrerrianos que las viviendas sociales financiadas por el organismo provincial “no pueden venderse o alquilarse”.

La reiteración de las normas legales vigentes, se realizó ante denuncias de vecinos de Concordia que presentaron una publicación en Facebook de intento de venta de una vivienda en Yuquerí y Ruta 4, entregada en diciembre pasado.

La venta de una vivienda del IAPV se encuentra expresamente prohibida por las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. La mencionada prohibición no sólo resulta de dominio público sino que en especial es permanentemente advertida e informada por el Instituto a los aspirantes y adjudicatarios en todos los procesos de adjudicación y de venta de unidades habitacionales. Aquellas transacciones que se realicen en contravención a la reglamentación vigente resultan nulas e inoponibles al IAPV.

Sin perjuicio de las acciones legales pertinentes, conforme las facultades reglamentarias que le asisten, el organismo provincial hace saber que para el supuesto que se detecte y confirme la realización de ventas, cesiones, locaciones, comodatos y / o cualesquiera otra transacción sobre las unidades, tanto el adjudicatario como el tercero co-contratante resultarán excluidos inmediatamente del Registro Único y Permanente de la Demanda Habitacional y no podrán acceder en el futuro a viviendas construidas y/o financiadas por el gobierno provincial. Todo ello sin perjuicio de disponer el inmediato desalojo de los ocupantes irregulares e ilegales, como así también la promoción de acciones judiciales por los daños y perjuicios provocados por su ilegítimo accionar.

Según se indicó desde IAPV, la Regional Salto Grande inspeccionará la vivienda denunciada para constatar su ocupación, y en caso que corresponda, se iniciarán las acciones legales contra los adjudicatarios.

 

 

 

 

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