FM LITORAL
Entre Ríos

El gobierno contrató a una ONG para reglamentar la Ley de Empleo Público

Se trata de Cippec, la entidad que elabora “rankings de transparencia” y coloca habitualmente a Entre Ríos en los primeros puestos. Por el asesoramiento entre septiembre de 2018 y abril de 2019 se pagarán 580 mil pesos, más viáticos y pasajes aéreos.

 

 

La nueva Ley de Empleo Público está vigente en la provincia, pero todavía no se avanzó en su implementación. Entre otros aspectos, contempla pasar de 10 a 14 categorías, aplicar un mecanismo de calificación anual del desempeño de los trabajadores y acceder a puestos o ascensos mediante un sistema de antecedentes, méritos y aptitudes.

En razón de la complejidad de la tarea, el gobierno provincial recurrió al Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), entidad a la cual contrató en forma directa por un montó superior al medio millón de pesos más gastos de pasajes y viáticos, a cambio de recibir asistencia técnica.

Cippec se presenta en su web como “una organización independiente, apartidaria y sin fines de lucro que produce conocimiento y ofrece recomendaciones para construir mejores políticas públicas”.Entre sus fundadores se cuentan Nicolás Ducoté –jefe de los equipos técnicos del empresario Francisco De Narváez–; Miguel Braun –secretario de Política Económica del gobierno de Mauricio Macri–; y Sonia Cavallo, licenciada en Economía y esposa del exministro Domingo Cavallo.

La ONG es conocida en la provincia porque periódicamente elabora “rankings de transparencia” en los que viene colocando a Entre Ríos en los primeros puestos. Cada vez, la información es ampliamente difundida desde Casa de Gobierno y el gobernador Gustavo Bordet en numerosas oportunidades hizo referencia públicamente al buen concepto que Cippec le otorga a la provincia.

CONTRATACIÓN

La contratación directa de Cippec por parte del gobierno provincial se materializó en septiembre del año pasado a través del decreto 2.790, pero no se comunicó públicamente. Sí se informó mediante una gacetilla de la firma de un convenio y, si bien una síntesis del decreto se publicó recién en enero de este año en el Boletín Oficial, no se explicitaron allí ni los montos ni otros detalles.

Según el decreto –firmado por Bordet y el secretario General de la Gobernación, Edgardo Kueider– las gestiones para la contratación de Cippec fueron iniciadas desde la Secretaría de Modernización del Estado, Ciencia y Tecnología del gobierno provincial.

Para justificar la contratación directa, se aludió a “la inexistencia de competidores” y se aseguró que Cippec “es la única fundación con capacidad técnica y profesionales de amplia trayectoria en la materia”. También se citaron acuerdos similares con otros gobiernos provinciales y se aclaró que “la Dirección General de Recursos Humanos manifestó no contar con los recursos adecuados para llevar adelante un proyecto de tal trascendencia, por la falta de personal especializado y el cúmulo de tareas operativas diarias”.

INFORMES

EL DIARIO accedió al convenio suscripto por Bordet y por Julia Pomares, directora ejecutiva de Cippec. Allí se detallan los gastos a afrontar por el gobierno provincial y las tareas encomendadas a la entidad.

La modalidad de trabajo estipulada contempla la presentación por parte de Cippec de un informe de avance a los tres meses de la entrada en vigencia del convenio y un informe final al término “que dé cuenta de los resultados obtenidos en el desarrollo de las acciones previstas y realizadas”.

Entre otras tareas, Cippec se propone evaluar antecedentes y documental, realizar diagnósticos y efectuar una “simulación de reencasillamiento” en los ministerios de Economía y de Gobierno, que incluirá las proyecciones económicas derivadas. También elaborará recomendaciones y advertirá sobre posibles complicaciones en el proceso.

GASTOS Y CONFIDENCIALIDAD

Las cláusulas quinta y sexta del convenio son las que hacen alusión a los costos del trabajo, las formas de pago, los gastos de viajes y traslados y los viáticos.

Allí se indica que la labor de Cippec “insume un costo de 580.548 pesos, el cual será cubierto por el gobierno provincial”. Se previó abonar el monto en tres veces: una primera cuota del 40% (232.219 pesos) a la entrada en vigencia del convenio, una segunda cuota del 30% (174.164 pesos) contra la aprobación del informe de avance y una tercera por el restante 30%, contra la aprobación del informe final.

A la vez, se dispone que el gobierno abone los costos de los viajes entre Buenos Aires y Entre Ríos que requiera la tarea y estipula que el Estado facilitará a Cippec los pasajes aéreos necesarios y el alojamiento en cada oportunidad. “El proyecto requiere un mínimo de cuatro viajes a la provincia para dos personas con dos días de estadía cada vez”, se aclara.

La cláusula octava establece el deber de confidencialidad recíproca por parte del gobierno y Cippec sobre la información “de cualquier naturaleza obtenida de la otra parte ya sea en forma directa o que pudiera conocerse en ocasión del desarrollo de la tarea”.

Estatales, bajo la lupa

Para el desarrollo de la labor en Entre Ríos, Cippec designó responsable a Gonzalo Dieguez, director del Programa de Gestión Pública de la entidad, y el gobierno provincial a Lucrecia Escandón, secretaria de Modernización del gobierno provincial. EL DIARIO dialogó con la funcionaria para conocer más detalles del trabajo en marcha.

–¿Por qué se consideró necesario contratar a Cippec?

–El gobierno cuenta con un sistema de carrera administrativa y un nuevo escalafón contenidos en la ley Nº 9.755 de 2007. No obstante, la norma aún no fue implementada y no ha habido un reordenamiento de la estructura del empleo público, entre otras cuestiones que tienen que modificarse. Para poder avanzar es necesario contar con información pertinente y estudios de proyección de escenarios como insumos fundamentales para la toma de decisiones de gestión. Cippec fue convocado para acompañarnos en la evaluación de alternativas, ya que la implementación de la ley vigente demandaría la adecuación económica y funcional del empleo público provincial, teniendo un impacto en ese orden y también financiero, implicando procesos de planificación e implementación de gran complejidad. En este marco, realizar este estudio con Cippec nos va a permitir contar con información para planificar y tomar decisiones responsables sobre el empleo público a largo plazo. Y también contar con un documento que contribuya con el trabajo en las mesas paritarias con los gremios.

–¿Cuáles son los puntos salientes de los informes elaborados por Cippec?

–El proyecto de Cippec dura siete meses. Se inició en septiembre y finaliza en abril. Ya nos entregaron el primer informe de avance y lo vamos a presentar la semana que viene ante las áreas pertinentes de los ministerios de Economía, Gobierno y Justicia, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social y de la Secretaría de Modernización. Es una situación diagnóstica y de proyección de escenarios del empleo público en la provincia y analiza diferentes variables sobre composición y distribución del empleo público como género, composición salarial, pirámide poblacional, clases y escalafones. También realiza una proyección hasta 2023 de cada una de estas variables. Es importante destacar que este estudio se desarrolla sobre el universo que prevé la ley Nº 9.755 que es el empleo contemplado en el escalafón general, que es aproximadamente el 25% del empleo público provincial.

–¿Se puede acceder al contenido de esos informes o están abarcados en el acuerdo de confidencialidad?

–Los informes van a estar a disposición una vez finalizado el estudio. El informe final se presentará en abril.

–¿Qué ventajas concretas representa para el gobierno provincial contar con el asesoramiento de Cippec en este objetivo?

–Por un lado, la especificidad del asesoramiento técnico en empleo público, es decir, contar con un equipo de investigadores formados en política pública, que además tiene el plus de la experiencia en procesos de implementación sobre estos temas en las provincias. Que sea un equipo externo también es una ventaja porque la temática implica la confluencia de los intereses de los diversos actores y también es muy positivo que Cippec posea una perspectiva amplia del empleo público que no se reduzca a la variable presupuestaria.

–¿Cuándo se prevé comenzar con la implementación concreta de la nueva ley de empleo? ¿Cómo se va a organizar ese proceso?

–Con Cippec estamos realizando un estudio de la viabilidad y proyección de escenarios, lo cual es fundamental conocer para toda política pública. Este trabajo nos va a servir para tomar decisiones fundamentales en orden al camino a seguir. Nuestra intención es trabajar con todos los actores vinculados al empleo público, porque es fundamental para la viabilidad de toda transformación que todos estén involucrados activamente y participando desde el comienzo. Lo que sí podemos afirmar hoy es que es una ley muy amplia, ya que regula cuestiones cualitativas como los derechos de formación y capacitación de los trabajadores, sus obligaciones y nuevos escalafones para la carrera administrativa y hasta el ingreso por concurso, entre otros temas.

Fuente : el diario

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